
La Administración Trump está en conversaciones con varios países africanos, entre los que destaca Libia, con el fin de alcanzar un acuerdo similar al ya vigente con El Salvador. También se ha informado de que la Administración está manteniendo «conversaciones» similares para reubicar a toda la población de Gaza en Libia, a cambio de los fondos libios congelados en instituciones internacionales desde 2011. Durante décadas, Libia ha sido un país devastado por la guerra civil, la inestabilidad y la intervención extranjera. Partes de la costa libia se encuentran a menos de 320 kilómetros de Italia, por lo que muchos migrantes que huyen de la pobreza y la inestabilidad en África y Médio Oriente recorren. Emprenden una peligrosa travesía a través de Libia en pequeñas embarcaciones abarrotadas e inseguras con el fin de solicitar el estatuto de refugiado en la Unión Europea una vez que llegan a tierra en Italia.
Cada año, miles de refugiados pierden la vida en esta peligrosa travesía. En lugar de organizar una respuesta humanitaria, los gobiernos europeos han delegado en la Guardia Costera libia, proporcionándole financiamiento e información para que los libios puedan hacer lo que los gobiernos europeos no pueden: la represión generalizada y brutal de los derechos de algunas de las personas más desesperadas del planeta. Las condiciones en los centros de detención de migrantes libios son conocidas desde hace tiempo por ser focos de violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura, agresiones sexuales y asesinatos ilegales por parte de los guardias. El año pasado, el Departamento de Estado declaró que «las personas recluidas en centros de detención de migrantes no tenían acceso a los tribunales de inmigración ni a un proceso justo».
Sin duda, la administración Trump es consciente de las terribles condiciones a las que se enfrentan los inmigrantes enviados a Libia. Probablemente no les importe, y dado que el nuevo presupuesto aprobado recientemente por la Cámara de Representantes y que pronto será votado por el Senado pretende cuadruplicar el presupuesto del ICE, están desesperados por conseguir lugares donde enviar a los inmigrantes secuestrados antes de que los tribunales tengan la oportunidad de intervenir. Los demócratas no pueden impedir que esto suceda y los tribunales suelen reaccionar con demasiada lentitud, como fue el caso de Kilmar Obrego García. Lo que se necesita es una amplia organización dentro de nuestras comunidades, para que podamos movilizarnos antes de que alguien sea detenido, y no protestar una vez que ya ha sido sacado del país. El poder del pueblo, unido en solidaridad y dispuesto a resistir los ataques de la administración Trump, es el único poder capaz de detener estos peligrosos acontecimientos.