La semana pasada, lluvias torrenciales azotaron el condado de Kerr, en Texas, provocando inundaciones catastróficas. En pocas horas cayó sobre la región el equivalente a las precipitaciones de todo un verano, lo que elevó el nivel del río Guadalupe de uno a 10 metros en solo 45 minutos en plena noche.
La población no fue advertida adecuadamente de la tormenta y no se evacuó a tiempo. Las inundaciones han causado la muerte de al menos 129 personas, entre ellas muchas niñas de un campamento cercano al río. Muchas más habrían muerto si no fuera por los heroicos esfuerzos de rescate. A pesar de ello, al menos 150 personas siguen desaparecidas y es probable que hayan fallecido. Ahora, los equipos de emergencia que buscaban a los desaparecidos han tenido que detener sus labores debido a nuevas inundaciones en la región.
Esta trágica pérdida de vidas no fue el resultado de un acto fortuito de la naturaleza, sino de un acto de violencia: la violencia de un sistema que antepone los beneficios a las vidas humanas y la violencia de unos políticos que han hecho todo lo posible por recortar los programas que podrían ayudar a prevenir y responder a tragedias como esta.
En su primer día en el cargo, Trump emitió un decreto ejecutivo que revocaba un conjunto de medidas federales de protección contra las inundaciones conocidas como la Norma Federal de Gestión del Riesgo de Inundaciones. Estas medidas estaban diseñadas para mejorar las infraestructuras de las zonas con alto riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. Antes de su revocación, la norma establecía que la construcción o reconstrucción de infraestructuras críticas, como escuelas y autopistas, tras desastres naturales solo podía recibir financiación federal si se construía con medidas de protección mejoradas contra inundaciones. Trump revocó las normas que estaban destinadas a proteger contra desastres exactamente como este.
Estos recortes se sumaron a años de rechazo de solicitudes de las agencias locales para instalar un mejor sistema de alerta de inundaciones. Desde 2017, varias agencias locales habían solicitado repetidamente al gobierno estatal que instalara un sistema de alerta de inundaciones, pero los funcionarios estatales nunca utilizaron los fondos disponibles para ello. Se trataba de un desastre que muchos funcionarios sabían que se avecinaba.
La administración Trump también recortó importantes programas de respuesta a emergencias diseñados para notificar a las comunidades antes de fenómenos meteorológicos peligrosos y coordinar las operaciones de rescate tras estos. Al principio de su mandato, Trump y Elon Musk, con DOGE, recortaron drásticamente la plantilla de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), despidiendo a miles de empleados o obligándolos a renunciar. Estas agencias cuentan con personal en todo el país que emite alertas de inundaciones y se comunica con los funcionarios locales para coordinar la respuesta y las evacuaciones necesarias. Muchos puestos importantes en estas agencias responsables de la zona donde se produjo la inundación han quedado vacantes debido a los recortes de Trump.
Además, para recortar gastos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, cuyo departamento supervisa la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), emitió este año una nueva norma que exige que todos los contratos y subvenciones de más de 100.000 dólares sean aprobados personalmente por ella. Esto provocó enormes retrasos y Noem no respondió a dichas solicitudes durante las inundaciones, tardando cuatro días en aprobar un gasto que podría haber salvado vidas.
Esta tragedia ocurrió el mismo día en que el Congreso aprobó el último presupuesto de la administración Trump, que impone más miseria a la población y solo garantiza que seguirán ocurriendo más tragedias como esta. Es un proyecto de ley devastador que impone enormes recortes a servicios sociales vitales, especialmente para los pobres y la clase trabajadora, mientras ofrece recortes fiscales a los súper ricos y destina enormes sumas de dinero al ejército y a la expansión masiva del terrorismo de ICE contra las comunidades de inmigrantes.
Desgraciadamente, esta horrible tragedia en Texas es un anticipo de lo que está por venir. Vivimos en un sistema que no tiene ningún respeto por la vida humana. Y esta administración está haciendo todo lo que está en su mano para eliminar las pocas protecciones y ayudas gubernamentales que se han conseguido a lo largo de los años. A las empresas se les está dando aún más libertad para destruir el planeta con fines lucrativos, mientras que se están destruyendo los programas para prepararse para emergencias como estas, dejándonos a nosotros mismos a nuestra suerte. Medicaid, los cupones de alimentos y muchos otros programas están siendo destrozados, dejando a millones de personas sin atención médica ni acceso a alimentos o servicios esenciales. Mientras tanto, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional se están ampliando para aterrorizar aún más a los inmigrantes y reprimir todas las formas de disidencia.
Este es un claro ejemplo del tipo de futuro que nos depara este sistema. Quienes dirigen este sistema están dispuestos a sumir nuestras vidas en el caos y la miseria para enriquecerse y reforzar su poder. Este es un futuro que no podemos aceptar. Si queremos un futuro diferente, si queremos detener estos ataques, eso depende de nosotros.
